"RUTA 86 DE FORMOSA: CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA", dijo SERPAJ
Lamentablemente esto es así, ya que desde hace meses, desde que los hermanos qom de la Comunidad La Primavera se vieron obligados a tomar esta medida de acción para defender sus derechos a la tierra, este final era previsible.
Y decimos que era previsible, porque desde hace 6 meses, cuando tomamos contacto con el conflicto, todas las organizaciones sociales y personas que de una u otra forma reclamamos a las autoridades formoseñas que se posibilite un diálogo, que se concrete un encuentro para acercar las posiciones y llegar a un entendimiento, no fuimos escuchados.
Sólo se trató de aislar a los hermanos de La Primavera, quienes en todo momento fueron objeto de diferentes tipos de presiones por parte de “desconocidos”, que tanto de día como de noche, trataron de intimidar, siempre con la indiferencia de la policía que se encontraba permanentemente en la zona, pero nada veía ni escuchaba.
Ahora se produjo el enfrentamiento final, con civiles y policías armados, que dispararon y procedieron al desalojo de la ruta, atropellando de todas formas a indefensos indígenas. El resultado es tremendo, dos muertos (los que se conocen hasta el momento), varios heridos y numerosos detenidos.
Por todo esto hacemos responsable de esta represión y sus consecuencias al Gobierno de la Provincia de Formosa, quién en todo momento no quiso intervenir para posibilitar un diálogo o negociación. Es responsable de las muertes, de los heridos y de la seguridad de quienes en estos momentos se encuentran detenidos.
El Gobierno de Formosa - con su titular Gildo Insfrán y su Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Jorge González, con quién hemos conversado este tema -, se caracteriza por la violación sistemática y permanentemente los derechos que por la Constitución Nacional, por las diferentes leyes vigentes (Ley 26.160, de Emergencia Territorial) y por los Tratados Internacionales (Convenio 169 de la OIT).
Esperamos que los resultados de este brutal e injusto episodio, llame a la conciencia de quienes tienen la obligación de velar por la seguridad, igualdad de derechos y respeto a la vida humana.
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Presidente del Servicio Paz y Justicia.
UN RECLAMO CON FINAL TRÁGICO, dijo "Página 12" el 25 11 2010
Dos integrantes de una comunidad toba y un policía muertos, alrededor de 25 detenidos y cinco heridos es el saldo del violento desalojo registrado el martes en la localidad de Laguna Blanca, en Formosa, donde los aborígenes reclamaban por la tenencia de tierras. Luego de los hechos, representantes de la comunidad acusaron al gobierno provincial por el desenlace de la situación, mientras que desde el Ejecutivo formoseño reivindicaron el actuar de las fuerzas de seguridad, al sostener que fueron agredidos.
Ante la muerte de los tobas Sixto Gómez y Roberto López, y del policía Heber Falcón, el representante de la comunidad originaria y funcionario del Inadi Félix Díaz sostuvo que “el hecho empezó en la mañana del martes, cuando un grupo de personas, acompañadas de policías, atacó a balazos” a los indígenas que cortaban la ruta 86 y ocupaban un predio en la zona, en reclamo de esas tierras. Díaz contó que los policías huyeron del lugar tras un forcejeo y dejaron sus armas sobre el asfalto. Cerca de las 19, “regresó al lugar un ejército de efectivos antimotines y se enfrentó a indígenas armados con palos y machetes”.
Por su parte, el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, defendió el accionar policial. “Los policías y personal judicial fueron agredidos al llegar al campo de los Celía y ahí, en la retirada del lugar, un efectivo pierde un arma que es tomada por los aborígenes”, sostuvo el funcionario.
Según explicó a Página/12 Miguel Ríos, un militante social que presenció el desalojo, Ariel Celía, la persona que pidió a la Justicia el desalojo de los tobas, “apareció con una patota y con gente de civil armada”. Además, relató que “el hijo de Celía salió en una radio local admitiendo haber disparado, aunque aclaró que lo hizo al aire”.
Desde el ámbito político, la diputada de Concertación Forja Silvia Vázquez manifestó que “la situación en la provincia no da para más y amerita la intervención federal”. Y apuntó contra el gobernador Gildo Insfrán: “No me puedo meter en la mente de un genocida”, dijo. En tanto, el senador radical Luis Nadeinoff calificó de “brutal” el accionar de la policía.
El desalojo del martes fue el punto crítico de un reclamo que lleva más de cuatro meses. Los manifestantes mantenían cortada la ruta nacional 86, como medida de fuerza ante la falta de otorgamiento de títulos de tierras de unas 600 hectáreas en esa zona, ubicada a 190 kilómetros al norte de la capital provincial. En ese lugar el gobierno de Insfrán planea construir una universidad agropecuaria.
Los miembros del pueblo originario aseguran que el terreno que reclaman es propiedad “ancestral” de esa comunidad, mientras que la Justicia concedió el pedido de la familia Celía, que asegura que el campo es suyo. El juez Raúl Mauriño dictó una orden judicial cediendo al pedido de Celía para que la comunidad indígena no ocupe el lugar. El magistrado fue quien envió a la policía provincial a notificar a quienes cortaban la ruta la decisión de de-salojarlos. Desde las organizaciones indígenas repudiaron que no se aplique la ley 26.160, de emergencia territorial, que llama a frenar los de-salojos de pueblos originarios en zonas conflictivas.
La causa por lo ocurrido durante el desalojo está en manos del juez Santos Gabriel Garzón, quien declaró: “Hasta acá tenemos tres homicidios cuyos autores hay que determinar”. El juez realizó en la tarde de ayer una inspección ocular en la zona del conflicto. Luego del de- salojo, el predio quedó custodiado por personal de Gendarmería.
El principal dirigente de la comunidad La Primavera, Félix Díaz, exigió “que no suceda más la criminalización de la protesta indígena por el reclamo de tierras”. Líderes de otras comunidades confirmaron un documento contra la agresión sufrida.
Dirigentes aborígenes y legisladores de la oposición renovaron ayer sus críticas al ejecutivo formoseño. Ya está en marcha la organización de una cumbre de pueblos originarios para los próximos días: “Vamos a seguir luchando por la recuperación de la tierra”, aseguró Díaz.
Los referentes de los pueblos comechingón, diaguita, mapuche, mocoví, guaraní y wichí, entre otros, expresaron su solidaridad con la comunidad La Primavera, luego del desalojo del corte que mantenían desde julio pasado en el kilómetro 1341 de la ruta 86, en reclamo de tierras. Las familias qom exigen que “no suceda más ese tipo de enfrentamientos –precisó Díaz– y que se garantice la integridad física de los miembros de la comunidad”. El reclamo apunta a que el Gobierno solucione estos problemas, a través de “una intervención y una investigación”. Tras la reunión se quería “hacer una propuesta al gobierno nacional de crear una agenda política por el tema territorial”, dijo.
Organizaciones sociales y legisladores también formaron parte de la reunión que se realizó el sábado pasado en el Departamento de Pilcomayo, entre ellos la diputada nacional Silvia Vázquez (Concertación-Forja). Allí, los funcionarios pidieron que “no se politice el problema” y exhortaron a “tomar una decisión entre diferentes bloques para dar una solución de una vez por todas a los problemas territoriales de los pueblos”, contó el referente qom. Legisladores, agrupaciones indígenas y el Movimiento Tierra y Vivienda adelantaron que volverán los próximos días para recibir denuncias y analizar la situación. La UCR formoseña, por su parte, reclamó ayer respuestas al Gobierno ante la “indiferencia” y “prepotencia” con la que trató la cuestión del ordenamiento territorial, que hace cuatro meses generó el corte.
El referente qom y el sacerdote de la pastoral aborigen formoseña Francisco Nazar coincidieron en que con el desalojo se puso en foco la “situación crítica” que afrontan los indígenas y sobre la “represión y unidad de poderes” en la provincia. “El gobierno formoseño sigue negando la responsabilidad de las muertes”, señaló el dirigente comunitario. Cinco días después del ataque aseguró que están “preocupados” porque hay muchas “intimidaciones” por parte de la policía. “Siguen hostigándonos. Hay heridos que no quieren ir al hospital por temor a ser reprimidos o maltratados”, denunció Díaz a este diario.
UN RECLAMO CON FINAL TRÁGICO, dijo "Página 12" el 25 11 2010
Son tres los muertos en Formosa durante el violento desalojo de una comunidad toba.
Los fallecidos son dos aborígenes y un policía. Hay 25 detenidos. Desde hace cuatro meses la comunidad toba corta una ruta en reclamo de tierras en Laguna Blanca. Denuncian que en el procedimiento actuaron civiles armados.
Ante la muerte de los tobas Sixto Gómez y Roberto López, y del policía Heber Falcón, el representante de la comunidad originaria y funcionario del Inadi Félix Díaz sostuvo que “el hecho empezó en la mañana del martes, cuando un grupo de personas, acompañadas de policías, atacó a balazos” a los indígenas que cortaban la ruta 86 y ocupaban un predio en la zona, en reclamo de esas tierras. Díaz contó que los policías huyeron del lugar tras un forcejeo y dejaron sus armas sobre el asfalto. Cerca de las 19, “regresó al lugar un ejército de efectivos antimotines y se enfrentó a indígenas armados con palos y machetes”.
Por su parte, el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, defendió el accionar policial. “Los policías y personal judicial fueron agredidos al llegar al campo de los Celía y ahí, en la retirada del lugar, un efectivo pierde un arma que es tomada por los aborígenes”, sostuvo el funcionario.
Según explicó a Página/12 Miguel Ríos, un militante social que presenció el desalojo, Ariel Celía, la persona que pidió a la Justicia el desalojo de los tobas, “apareció con una patota y con gente de civil armada”. Además, relató que “el hijo de Celía salió en una radio local admitiendo haber disparado, aunque aclaró que lo hizo al aire”.
Desde el ámbito político, la diputada de Concertación Forja Silvia Vázquez manifestó que “la situación en la provincia no da para más y amerita la intervención federal”. Y apuntó contra el gobernador Gildo Insfrán: “No me puedo meter en la mente de un genocida”, dijo. En tanto, el senador radical Luis Nadeinoff calificó de “brutal” el accionar de la policía.
El desalojo del martes fue el punto crítico de un reclamo que lleva más de cuatro meses. Los manifestantes mantenían cortada la ruta nacional 86, como medida de fuerza ante la falta de otorgamiento de títulos de tierras de unas 600 hectáreas en esa zona, ubicada a 190 kilómetros al norte de la capital provincial. En ese lugar el gobierno de Insfrán planea construir una universidad agropecuaria.
Los miembros del pueblo originario aseguran que el terreno que reclaman es propiedad “ancestral” de esa comunidad, mientras que la Justicia concedió el pedido de la familia Celía, que asegura que el campo es suyo. El juez Raúl Mauriño dictó una orden judicial cediendo al pedido de Celía para que la comunidad indígena no ocupe el lugar. El magistrado fue quien envió a la policía provincial a notificar a quienes cortaban la ruta la decisión de de-salojarlos. Desde las organizaciones indígenas repudiaron que no se aplique la ley 26.160, de emergencia territorial, que llama a frenar los de-salojos de pueblos originarios en zonas conflictivas.
La causa por lo ocurrido durante el desalojo está en manos del juez Santos Gabriel Garzón, quien declaró: “Hasta acá tenemos tres homicidios cuyos autores hay que determinar”. El juez realizó en la tarde de ayer una inspección ocular en la zona del conflicto. Luego del de- salojo, el predio quedó custodiado por personal de Gendarmería.
APOYO A LA COMUNIDAD QOM
Informe de Soledad Arréguez Manozzo, a través de "Página 12", 29 11 10 .
El principal dirigente de la comunidad La Primavera, Félix Díaz, exigió “que no suceda más la criminalización de la protesta indígena por el reclamo de tierras”. Líderes de otras comunidades confirmaron un documento contra la agresión sufrida.
Los líderes de pueblos indígenas de todo el país dieron su apoyo al reclamo de tierras ancestrales de la comunidad toba-qom La Primavera, de Formosa, que el martes pasado sufrió la represión policial que provocó dos muertes. Desde las comunidades pidieron al Estado nacional que incluya en la agenda de gobierno la urgencia del problema territorial de los pueblos originarios. Y de esa forma, “que no suceda más la criminalización de la protesta indígena por el reclamo de tierras”, señaló Félix Díaz, principal referente de la comunidad formoseña. Los referentes de varias regiones habían exigido días atrás que el Gobierno intervenga la provincia de Formosa y se inicie una acción penal contra su gobernador, Gildo Insfrán, por “su política racista y represora hacia el pueblo qom”.
Los referentes de los pueblos comechingón, diaguita, mapuche, mocoví, guaraní y wichí, entre otros, expresaron su solidaridad con la comunidad La Primavera, luego del desalojo del corte que mantenían desde julio pasado en el kilómetro 1341 de la ruta 86, en reclamo de tierras. Las familias qom exigen que “no suceda más ese tipo de enfrentamientos –precisó Díaz– y que se garantice la integridad física de los miembros de la comunidad”. El reclamo apunta a que el Gobierno solucione estos problemas, a través de “una intervención y una investigación”. Tras la reunión se quería “hacer una propuesta al gobierno nacional de crear una agenda política por el tema territorial”, dijo.
Organizaciones sociales y legisladores también formaron parte de la reunión que se realizó el sábado pasado en el Departamento de Pilcomayo, entre ellos la diputada nacional Silvia Vázquez (Concertación-Forja). Allí, los funcionarios pidieron que “no se politice el problema” y exhortaron a “tomar una decisión entre diferentes bloques para dar una solución de una vez por todas a los problemas territoriales de los pueblos”, contó el referente qom. Legisladores, agrupaciones indígenas y el Movimiento Tierra y Vivienda adelantaron que volverán los próximos días para recibir denuncias y analizar la situación. La UCR formoseña, por su parte, reclamó ayer respuestas al Gobierno ante la “indiferencia” y “prepotencia” con la que trató la cuestión del ordenamiento territorial, que hace cuatro meses generó el corte.
El referente qom y el sacerdote de la pastoral aborigen formoseña Francisco Nazar coincidieron en que con el desalojo se puso en foco la “situación crítica” que afrontan los indígenas y sobre la “represión y unidad de poderes” en la provincia. “El gobierno formoseño sigue negando la responsabilidad de las muertes”, señaló el dirigente comunitario. Cinco días después del ataque aseguró que están “preocupados” porque hay muchas “intimidaciones” por parte de la policía. “Siguen hostigándonos. Hay heridos que no quieren ir al hospital por temor a ser reprimidos o maltratados”, denunció Díaz a este diario.
Líderes de varias regiones del país pidieron a través de un comunicado una audiencia con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, para entablar una agenda con las autoridades ancestrales de los pueblos. Por otra parte, denunciaron el accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que se mantuvo “ajeno” a las protestas. El Movimiento Nacional Campesino Indígena exigió la “inmediata investigación” y el castigo de todos los “responsables físicos e ideológicos de los crímenes” de la represión. Y repudiaron las declaraciones del gobierno y la Justicia de Formosa “con argumentos falsos y vergonzosos” ante lo sucedido.
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| Foto:Telam |
Esta semana se espera que el juez de Clorinda, Santos Garzón, defina si hay imputados en la causa por homicidio doble. En tanto, la fiscal Gloria Rejala impulsó una investigación paralela por la destrucción intencional de un asentamiento precario que los tobas construyeron cerca de la ruta 86. A pesar de la represión sufrida, Díaz subrayó que “la puerta está abierta para el diálogo”.
